Los servicios que prestan las representaciones del Estado dominicano a sus ciudadanos en el exterior, sobre todo en Nueva York, siguen siendo de hostil explotación tarifaria. No hay otra comunidad foránea, de cualquier otra parte del mundo, peor tratada al momento de querer regularizar su estatus y actualizar su condición jurídica fuera de sus naciones de origen.
Los inmigrantes dominicanos son víctimas de un sistema burocrático excesivo en personal y los cónsules fungen como recaudadores para financiarse abundantemente a sí mismo y a nóminas supernumerarias aunque ocurran reducciones de tasa al comienzo de cada gobierno. Renovar pasaportes para beneficio de legaciones criollas extrae del bolsillo de muchos compatriotas de bajos recursos sumas que pueden llegar a 200 dólares. Otras «atenciones» resultan más caras.
A los dominicanos del exterior se les tiene atrapados en una irracionalidad de tramites a cubrir para estar al día en las relaciones que conservan con su país. Requieren vías para trámites jurídicos económicamente razonables para relacionarse con su lugar de origen como existen para otros latinoamericanos de la urbe.
Esa no es la forma justa de tratar a una diáspora fiel a la dominicanidad que en medio de la gran crisis crece como fuente de remesas para sus hermanos de acá. Masivamente, muchos tendrán que actualizar sus identificaciones ante autoridades de EUA.
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